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“No queremos morir en la indigencia”: Madres comunitarias en huelga

Una sentencia condenó a las madres comunitarias a perder sus derechos laborales. A pesar de que sus cuerpos no resisten hicieron huelga de hambre.
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Por
Carmenza Zá

Durante 8 días, 19 mujeres hicieron huelga de hambre en la Catedral Primada de Bogotá.  Iniciaron siendo 50 pero varias ya superan los 60 años de edad y llevan 30 de ellos cuidando 14 niños, durante 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana y 4 semanas al mes de los 12 meses del año, así que sus cuerpos están cansados y tienden a enfermarse rápido.

Por: Za Carmenza // @ZaCarmenza

¿Le pareció agotador leer el párrafo anterior? Ahora imagine que no lo lee, sino que lo vive: que usted es una de esas mujeres mayores que ha dedicado más de la mitad de su vida a cuidar, en su propio hogar, catorce niños ajenos. Niños de cero a cinco años de edad, la mayoría de estratos uno y dos o provenientes de hogares conflictivos, a los que tiene que alimentar tres veces al día, al tiempo en que les enseña a ir al baño, a convivir con sus pares y tal vez a decir un par de palabras en inglés.

Imagine que además es una actividad gratuita, que usted hace eso durante toda su vida y, cuando ya no puede hacerlo más, bien por su edad o por su salud, se queda completamente en la calle y tiene que tomarse una iglesia en el centro de la capital del país -aguantando hambre- para que alguien se digne a escucharla.

¿Difícil? Eso es justamente lo que están viviendo más de 17.000 madres comunitarias en todo el país: una tragedia cultivada durante las mismas décadas en que fue ignorada.

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La lucha de las madres comunitarias, sustitutas y tutoras es reciente pero intensa. Si bien este programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene más de treinta años de existencia, la labor de las madres empezó a ser considerada como un trabajo hasta hace apenas cuatro años; una sentencia de la Corte reconoció que por la relación laboral de facto que tenían con el ICBF las madres tenían derecho al pago de un salario y sus respectivos aportes a la seguridad social.

La batalla legal inició porque una madre portadora de VIH fue despedida del programa a causa de su enfermedad, configurando un escenario de discriminación y dejando a la mujer en total estado de vulnerabilidad. El fallo, que obligó al ICBF a proteger a los derechos de esta madre, llegó 15 días después de su muerte.

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Si bien esta resolución de la Corte no consideró que, al no tener en cuenta los años trabajados hasta el 2014, estas mujeres nunca alcanzarían a cotizar semanas suficientes para conseguir una pensión, sí representó un avance en la garantía y protección de los derechos de cada una de ellas y de los trabajadores tercerizados en general. Más de 4000 tutelas con fallos que reconocen el tiempo trabajado de manera previa al 2014 (obligando al ICBF a pensionar a las madres comunitarias), fueron el paso siguiente para la dignificación de esta actividad que se ubica en el núcleo de la sociedad colombiana. El Sindicato Nacional de Trabajadoras (es) al cuidado de la infancia y adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar -Sintracihobi ha liderado la batalla.

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La felicidad, sin embargo, duró poco. La sentencia T480 de 2016 que amparaba sus derechos fue declarada nula por razones de procedimiento y, aunque mantuvo el derecho a la pensión, definió que, por el carácter solidario de su labor, las madres comunitarias deben ser consideradas “voluntarias” y perderían todo tipo de derechos laborales. Esta decisión, según Any Katherine Álvarez, abogada del equipo nacional de Sintracihobi, las está llevando a la indigencia:

 

“El Estado se aprovecha del estado de vulnerabilidad de mujeres de bajos recursos para pretender que esas labores de cuidado las hagan gratuitamente. Los aportes parafiscales, de los que un porcentaje se destina al ICBF, aparecen también porque los empresarios tenían que garantizar que las obreras llegaran al trabajo y tuvieran dónde dejar a sus hijos. Sin embargo, el Estado no prevé que esa economía del cuidado tiene que valorarse económicamente y lo que le dijo a las madres comunitarias fue: ‘si usted puede cuidar un hijo, dos o tres que son suyos, pues puede cuidar otros 10 que no. Además, puede cumplir horarios, prestar su casa y domicilio -violando las condiciones de intimidad de su familia – durante 30, 40 y 50 años, sin exigir remuneración económica o garantías laborales a cambio. Eso fue lo que le tocó por ser mujer y por ser pobre’”

Durante más de 30 años en el ejercicio de su labor, las madres comunitarias no tuvieron derecho a licencias de maternidad, no tuvieron nunca incapacidades cuando las necesitaron y desarrollaron múltiples enfermedades que no son reconocidas como laborales, aunque lo sean. Ahora, con el riesgo inminente de perder los pocos derechos adquiridos, estas mujeres que cuidaron a la primera infancia más vulnerable del país, no tienen ahorros o ingresos para continuar viviendo cuando ya no puedan trabajar más en sus hogares comunitarios. La decisión de la Corte Constitucional, prevista inicialmente para el 30 de agosto, puede dejarlas en la calle.

Ante la presión generada por la huelga de hambre de las madres, la Corte decidió aplazar su decisión.  Las mujeres abandonaron la Catedral Primada en la noche del 30, luego de convocar a una asamblea general de madres comunitarias para evaluar la posibilidad de un paro nacional e indefinido.

 

 

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