¿Se acerca el fin de la política antidrogas?

Seguimos cargándole todos los males a las drogas, pero poco se han cuestionado los estragos de la política del prohibicionismo y la criminalización. Justo cuando los cannabicos celebran el 4/20, los países productores, los que han pagado esos estragos, se juegan sus cartas para pensar el problema de manera diferente en una sesión sobre drogas de las Naciones Unidas. 

Fotos: Gettyimages // Información de Dejusticia

Los países que más han tenido que cargar con el peso y el estigma de ser productores de narcóticos se pusieron la camiseta para repensar las políticas de control de drogas en un debate en la “Sesión Especial de la Asamblea de Naciones Unidas sobre Drogas de 2016” (UNGASS 2016).  Colombia, Guatemala y México lideraran esta sesión, que se celebra en Nueva york entre el 19 y 21 de abril, justo cuando se celebra el 4/20. (Vea: ¿Por qué tanta marihuana el 20 de abril?).

¿Qué se espera del UNGASS 2016?

Durante estos tres días se va a debatir cuál es el camino a seguir en la política de drogas. Una oportunidad de oro para replantearse un camino que, inevitablemente, necesita de un giro. Precisamente porque los viejos enfoques prohibicionistas han tenido nefastas consecuencias en la vida de la gente y poco impacto en el control del consumo y venta de narcóticos.

El mismo cuento viejo de “la mata que mata” y que destruye familias se ha repetido hasta el cansancio. Ahora no es capaz de mirarse a sí mismo, de hablar de las familias que ha destruido y de las vidas que ha arruinado en el afán de insistir en la criminalización y persecución contra los usuarios de drogas.

Las voces autorizadas que reclaman este cambio no son pocas. Varios premios Nobel, investigadores de diversas disciplinas, cientos de líderes de la política, la cultura y una nutrida red internacional de organizaciones de la sociedad civil reclaman este giro en la actual política global de drogas. Sin embargo, muchas naciones insisten en mantener los viejos enfoques.  

Lo que se va a poner sobre la mesa en Nueva York es la necesidad de empezar a pensar en políticas de reducción de riesgos y daños que permitan mejorar las condiciones de vida de los consumidores; es buscar respuestas distintas para los cultivadores y poblaciones vulnerables que se vinculan al tráfico en pequeñas escalas como forma de sobrevivencia. Pero no son solo ellos, también hay otros perfiles que deberían poder beneficiarse de una combinación virtuosa de políticas de desarrollo, de salud pública y de seguridad más inteligentes.

El papel de Colombia en la revisión de las políticas

Así estemos en plena época de paz y reconciliación (así exista el Centro Democrático) no podemos sacarnos de la realidad. Tanto acá, como en Guatemala y en México, tenemos un problema de consumo, producción y regulación ineficaz respecto a las drogas. El nuevo fuego cruzado en el país, después de que haya firmas y acuerdos, va darse por controlar los botines que quedarán vacantes.  

Colombia ya ha insistido en hacer debates más amplios al respecto. Debates que incluyan también a los países afectados por las actuales políticas. También, desde acá se ha reconocido la prevalencia de las obligaciones en derechos humanos para el diseño de la política de drogas, y de contar con mecanismos de revisión más incluyentes del actual régimen internacional. Pero, ¿y las reformas?

Recogiendo lo propuesto por la Comisión Asesora de Política de Drogas y los resultados de su propio trabajo en este campo Dejusticia ha propuesto los siguientes 10 puntos para asumir esta tarea pendiente:

1. Colombia debería continuar solicitando la revisión del régimen internacional contra las drogas, fundado en la prohibición, pues este ha tenido efectos muy pobres para reducir la oferta y el abuso de las drogas hoy ilícitas.

2. En la discusión de modelos alternativos a la prohibición, es necesario evitar quedar atrapado en el falso dilema de guerra a las drogas o total liberalización del mercado de las mismas, pues hay opciones intermedias posibles de reducción del daño y regulación estricta de las sustancias psicoactivas que han mostrado mejores resultados en términos de salud pública y del respeto de los derechos humanos.

3. Incluso dentro del marco del actual regimen prohibicionista internacional de drogas, Colombia puede hacer cambios profundos a fin de avanzar hacia una política nacional fundada en un enfoque de derechos humanos y salud pública, y basada en evidencia y no en prejuicios.

4. La política de drogas debe diferenciar en forma clara las estrategias para reducir el abuso de sustancias de aquellas destinadas a enfrentar la producción y el tráfico, especialmente cuando estas últimas tienen una vinculación directa con formas de criminalidad organizada.

5. El éxito de la política de drogas debería evaluarse con nuevos indicadores, como la reducción de daños a la salud y muertes por sobredosis, o por la disminución del número de familias cuyos ingresos dependen de la economía de la droga, lo cual implica brindarles otra clase de oportunidades. Medirla por reducción de cultivos o número de capturas ha sido un enfoque equivocado.

6. El consumo de drogas no debe ser criminalizado y debe

cesar cualquier clase de persecución a los usuarios, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en decisiones recientes. La evidencia ha demostrado que esa visión estigmatiza a los consumidores, desconoce su autonomía y los expone a mayores riesgos. Y es que si las drogas pueden haber ocasionado daños a las personas, las malas políticas de drogas, como la penalización de los usuarios, han ocasionado daños todavía mayores.

7. La política frente al consumo debe ser una política de Estado, incorporar estrategias de reducción del daño, fortalecer las políticas de prevención y propender por la atención integral de los consumidores, a través de la inclusión social de los consumidores, la promoción de sus capacidades, la participación y la reducción del estigma y la discriminación.

8. Las políticas para reducir los cultivos de uso ilícito deben basarse en un enfoque territorial basado en la intervención integral del Estado, que coordine la seguridad territorial, la provisión de servicios de justicia y seguridad ciudadana, y la provisión de bienes y servicios para el progreso económico y el bienestar de la población. En ese sentido, es fundamental la implementación cabal de los acuerdos de paz en el tema de desarrollo rural. Deben promoverse de los usos medicinales, industriales y ancestrales de las plantas de marihuana, coca y amapola.

9. Deben buscarse alternativas a la persecución penal de cultivadores y eslabones débiles de la cadena. También reconocerse las dimensiones de género y de otra índole de la política de drogas, en la búsqueda de respuestas alternativas para poblaciones como las mujeres que por su situación de vulnerabilidad se han vinculado a estos mercados en tareas de bajo nivel y de alto riesgo, como una opción de sobrevivencia. La acción contra el lavado de activos y contra la infiltración de dineros ilícitos a la economía legal y a la política debe robustecerse para neutralizar el crimen organizado.

10. Dentro de las estrategias para enfrentar la criminalidad asociada al narcotráfico debe prevalecer el interés por reducir la violencia, incluso por encima de reducir los flujos de drogas ilícitas. El Estado debe concentrarse en desmantelar las estructuras criminales mediante la afectación de las condiciones locales, regionales, institucionales y organizacionales que permiten que estos grupos se reproduzcan.